SR. LAMBERTO:
Se valora el esfuerzo de esta Legislatura, que ha introducido algunas modificaciones importantes en aras de los consensos, primero al haber llevado a 4 millones el piso para la implementación de Ingresos Brutos a la industria; a 1 millón de pesos el piso para la implementación de Ingresos Brutos a la construcción. Y, centralmente, queremos hacer referencia a la voluntad política manifestada por nuestro gobierno que ha aceptado un reclamo reiterado y frecuente en cuanto a que se coparticipara en forma igualitaria el denominado “Fondo de la Soja”, que significa nada menos que incorporar a la distribución de municipios y comunas 120 millones de pesos.
En segundo lugar, quiero referirme a algunos temas que se plantearon y que merecen ser aclarados. En relación con la presentación en un solo mensaje del Presupuesto y la Reforma o Armonización Tributaria, insistimos en la absoluta legalidad de lo actuado, porque creemos que se ha actuado de acuerdo con los principios generales del derecho, que sintéticamente paso a explicar.
Sabemos que una ley se modifica con otra ley. Sabemos que una ley especial modifica una general y sabemos que una ley posterior modifica una anterior. Tres principios fundamentales del derecho, insoslayables, para cualquier análisis. Por supuesto, que el techo es la constitucionalidad. No existe ningún impedimento constitucional para que una ley posterior modifique un principio general como el contenido en la Ley de Administración Financiera. Esto es así, no puede ser interpretado de otra forma.
Y en cuanto al contenido de la calidad institucional, es un tema a debatir. Lo central es respetar la ley, en primer lugar. En segundo lugar, una ley posterior no significa necesariamente la derogación de una ley anterior, significa que se está aplicando una modalidad diferente con una legislación especial y posterior. Y que lo que queda vigente en la Ley de Administración Financiera, queda como indicativo para futuros actos que se apliquen en la administración, excepto que sean modificados por una ley posterior.
La calidad institucional, es el cumplimiento de la ley, que no se hizo en otros tiempos. Tengo datos que a los municipios y comunas durante muchos años se les coparticipó el 9% como máximo y, a veces, se les llegó a coparticipar el 10 ó el 11%. Eso era violar la ley.
Hoy, nosotros estamos planteando modificar tres tributos. Por un lado, el Inmobiliario, en sus dos variantes, Urbano y Rural y, por el otro, lado la incorporación, centralmente, de Ingresos Brutos a la industria y a la construcción.
En el Inmobiliario Urbano, se aplica la siguiente metodología. Se multiplica por tres la valuación actual que, como todos sabemos, es muy baja. Y, sobre una valuación al sólo efecto del impuesto –no significa que se modifica la valuación-, se le aplican las alícuotas que han tenido una leve modificación a los efectos de gravar los inmuebles más valiosos, en detrimento por supuesto, de los menos valiosos. Y se ha fijado un piso, que los inmuebles menos valiosos, que son alrededor de 470.000 propiedades, no tengan variación en cuanto al incremento del Impuesto Inmobiliario Urbano.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, se ha aplicado el criterio de multiplicar por tres el impuesto, no la valuación. Y sobre esto quiero hacer dos o tres aclaraciones. Primero, la valuación no es estática, tiene incorporadas modificaciones de acuerdo con la calidad de la tierra y su ubicación, porque sabemos que hay parámetros que van del uno al cinco en calidad de tierra y hay parámetros de acuerdo a su ubicación en cada lugar de la Provincia de Santa Fe. Esto, con errores o con insuficiencia de información, constituye la base sobre la que se aplica el impuesto. O sea que nosotros, lo que estamos haciendo es multiplicar por tres el actual impuesto, que no obedece ni tiene mayores observaciones en cuanto a su valuación, que de por sí es muy baja.
Lo quiero aclarar porque esto es fundamental, pero me parece también, y valga la necesidad de decirlo, en el año 2002 se hizo una valuación que nunca se implementó porque nunca fue aprobada y creo que eso hubiera ayudado a tener otros valores y tal vez a tener mayor justicia en la valuación de la propiedad tanto urbana como rural
En materia de Ingresos Brutos, el despacho de la minoría salda un debate que entendemos tuvo mucha tinta, muchos reportajes sobre la imposibilidad de gravar a la industria con Ingresos Brutos. Por supuesto, que se hacían consideraciones económicas y políticas y se decía que era regresivo, que era inflacionario, etcétera. Y por supuesto que era violatorio de los pactos Fiscales. Nosotros, correctamente, venimos sosteniendo que los pactos fiscales venían siendo violados sistemáticamente por otras provincias, que estaban colocando en una verdadera situación de desventaja a la Provincia de Santa Fe. Habían regresado a implementar Ingresos Brutos: Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, y había cláusulas o imposiciones que habían quedado fuera de época, como por ejemplo, la obligación de privatizar empresas o servicios públicos en manos de las provincias. Todo eso estaba en los pactos. Por suerte esta Provincia tuvo dos hechos: uno, que la realidad lo impuso, como no posibilitar que se privatice la EPE, y el otro, lo impuso la realidad económica, que fue recuperar Assa a manos del Estado; esto también violaba los pactos y de eso, por supuesto, no se dijo nada. Se dice, justamente, cuando se trata de gravar con Ingresos Brutos a la industria.
Pero se avanzó en ese debate. Por un acto propio del despacho de la minoría queda saldado, porque se acepta que el Ingreso Bruto quede gravado para la industria y también para la actividad agropecuaria. Se fija un piso de 60 millones de pesos, creo que esto no tiene razonabilidad, ni técnica ni jurídica, y es en lo que nos parece que queda el debate abierto.
En primer lugar, tal cual lo explicaba el señor Ministro de Economía, 60 millones de base para gravar con Ingreso Brutos a la industria, alcanza a 38 empresas; a un 0,5% si uno hace una cuenta redonda, tomemos un gravamen por ejemplo de 100 millones de pesos por 40 empresas, son 20 millones de impuestos. O sea, que en el mismo momento que el Gobierno de la Provincia, con un criterio absolutamente solidario, está dispuesto a resignar del Fondo Sojero, 120 millones de pesos para dárselos a los municipios solidariamente, creo que es correctísimo manifestar que el despacho de la minoría retribuye con escasos 20 millones de pesos por Ingresos Brutos. De hecho, esto no es razonable desde el punto de vista económico, pero mucho menos razonable desde el punto de vista de la legalidad. No hay forma de justificar, estando vigente el impuesto, que un piso sea de 60 millones de pesos y se mantenga el piso o el techo en otros gravámenes, como comercio y servicios que nos llevan a que, tal cual, por más que no le guste a algún diputado, el almacenero, el kiosquero, el peluquero terminen pagando Ingresos Brutos y alguien que factura 59.900.000 pesos, no pague Ingresos Brutos.
Es insostenible, no desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista jurídico, por la razonabilidad del impuesto y por la igualdad que se tiene de los contribuyentes frente al impuesto.
Mucho se ha dicho que esta es una Administración que quiere gastar, que no es austera. Queremos plantear, que tenemos otra filosofía. Lo hemos dicho y lo reiteramos, no queremos tener la plata en la caja mientras las escuelas están sin vidrios y los hospitales sin colchones, porque creemos que es un contrasentido.
Y como planteamos este tema en forma diferente, tampoco hemos querido tomar como variable de ajuste de la economía familiar, como se decía, a quienes trabajan en el Estado.
Los trabajadores en la Provincia de Santa Fe, durante 2001-2004, tuvieron una variable de ajuste que fue la inflación: mientras crecía la economía y el Estado recaudaba, la inflación era la variable de ajuste de los trabajadores.
Antes había sido la rebaja salarial y previsional, esa variable de ajuste, que es del orden de los 800 millones de pesos, permitió –en cierta forma– licuar el déficit que se venía arrastrando de antes.
Pero quiero decir, que de las recetas que se critican y todo lo que se le cuestiona a esta Administración lo han hecho: se han endeudado, han sacado crédito, han usado el Fuco, todo absolutamente lo usaron, como han disimulado el déficit. Si en el año 2007, ya yéndose, hicieron un presupuesto donde teóricamente había un superávit de 50 millones de pesos, dejaron afuera la emergencia hídrica porque la pagaron con gastos de Rentas Generales, por el orden de los 210 millones de pesos, o sea, dejaron como fuera de presupuesto, con el cual si hubieran incorporado eso, que era evidente que lo habían gastado como Recursos Hídricos, el déficit hubiera sido de 160 millones de pesos. Lo disimularon y salieron a decir “no hubo déficit”.
Lo que pasa es que el problema estructural de esta Provincia es muy grande y en eso comparto lo que decían los diputados preopinantes: es un gasto excesivamente rígido y los gastos estructurales no se modifican de la noche a la mañana.
Pueden decir que hubo una política salarial alta. No tenemos ninguna duda, hubo una política salarial alta. Primero, habría que preguntar qué piensan los trabajadores de la Provincia; en segundo lugar habría que preguntarse qué se dijo sobre la política salarial o qué se dijo ahora, porque nadie habla sobre una política salarial alta.
En tercer lugar, les queremos aclarar que el primer debate sobre la política salarial, se da a partir del debate con el personal docente y que se adopta un piso salarial absolutamente similar al que se estaba aplicando en el orden nacional, a tal extremo que las provincias que no llegaban a ese piso salarial tuvieron subsidios del Gobierno Nacional para que pudieran llegar. Ese piso salarial fijó la política prácticamente para todos los empleados públicos. A partir de ahí, era muy difícil al resto de los sectores del empleo público, bajarlo del piso que se había fijado en materia docente en esta Provincia de Santa Fe.
Pero a esto hay que sumar que nosotros heredamos un atraso salarial, porque acordémonos que en los últimos meses de Obeid, como ya se iban, y como no se quería dar una modificación salarial, se dio creo que un monto de 200 ó 300 pesos y se pateó la política salarial para adelante.
O sea, que el Gobierno de Binner, tuvo que hacerse cargo de la política salarial 2007-2008 y esto no se puede obviar. Como se tuvo que hacer cargo del aguinaldo no pagado. Pero esa política salarial, más el blanqueo que también se dio, más la incidencia del blanqueo sobre las escalas, determinó que tuviéramos una modificación, en términos reales, de octubre de 2007 a octubre de 2009, que significó un incremento de 66,5 por ciento, sin contar con las asignaciones familiares. De ese incremento, el 64 por ciento fue destinado a incremento de los salarios brutos; el 59,2 por ciento se destinó a incrementos de salarios de bolsillo y 4,8 al blanqueo, contemplando el restante 2,5 para incorporaciones de la planta de personal, ascensos, etcétera.
Pensemos, y esto no es menor, que no solamente hubo una modificación salarial de categorías, de modificación de la planta, una modificación de blanqueo, sino que la paritaria de abril de 2007, preveía blanqueo de personal, que no se terminó en el 2007 sino que se sigue haciendo hoy. O sea, hoy se sigue blanqueando al personal por la paritaria que se aprobó en aquel momento.
Entonces, es necesario, estimados legisladores, que se sepa que la masa salarial más el blanqueo –lo vuelvo a repetir– en el año 2008-2009 significó una incidencia de 900 millones de pesos, y le digo esto aún a costa de que la Fundación Apertura dijera para el año 2008, solamente 900 millones de pesos, porque queremos ser rigurosos con lo que decimos y lo reitero, entre el año 2008-2009 la incidencia fue de 900 millones de pesos.
Por supuesto que tampoco se dice que todas las incidencias que tuvo, lo que se tiró para adelante, se tiró para la administración Binner. Por ejemplo, el secundario aprobado por ley durante el Gobierno de Obeid, no presupuestado, no implementado, y por supuesto, no tomada las precauciones para hacerlo efectivo, significó todo un gran esfuerzo para la Administración, no solamente económico, superior a los 100 millones, como informamos oportunamente, sino un gran esfuerzo desde el punto de vista de horas cátedra, que no alcanzaba, sin dudas, a ser posible su funcionamiento con la planta, planta que por supuesto tiene un gran problema, que es la cantidad de licencias que muchas veces llega a porcentajes altísimos y que exige, sistemáticamente, la incorporación de horas cátedra para cumplir.
Cuando se habla de la política salarial, muy entre líneas, se dice lo que se incrementó incluido las horas cátedra. No es que se incrementó más gente a la planta, sino que se incorporaron horas cátedra, que hacían falta para que la educación funcionara, porque sino no funcionaba.
El segundo tema al que quiero hacer referencia es la reducción a municipios y comunas, pero hay un tema que me parece, como lo han hecho público muchísimas veces, inclusive se hizo público en el debate anterior del Presupuesto, quiero aclararlo, porque merece ser conocido, porque forma parte de cómo se dibujan las cuentas públicas.
Hasta el año 2007, el diputado Cecchi hoy citado, siempre se lo cita en lo que gusta, no en lo que no gusta, hacía referencia que se imputaba el gasto de la Lotería estrictamente por la diferencia entre ingresos y egresos. Por supuesto, una irregularidad absoluta de lo que es una conformación de Presupuesto.
Cuando la administración Obeid se iba, formuló su último Presupuesto en el año 2007 para ser aplicado en el año 2008; entonces cambió de metodología e imputó cerca de mil millones de pesos de ingreso a la Lotería y, por supuesto, el correspondiente egreso descontado los premios... ¿Cómo lo imputó? Fíjense como se hacen los dibujos: dentro de lo que es total del gasto está Administración Gubernamental, y dentro de Administración Gubernamental, donde hay siete rubros, hay dos rubros, uno es Dirección Superior Ejecutiva, otro es Relaciones Interiores. Ahora paso a explicar. A la Dirección Superior Ejecutiva, en el año 2007 era de 447 millones de pesos, en el año 2008 era de 1.554 millones de pesos, ahí está la Lotería. ¿Sabe qué es la Dirección Superior Ejecutiva? Es el gasto de la burocracia, el gasto político, ahí incorporaron el movimiento de la Lotería. Entonces, ¿qué significa esto? Aparece un gasto absolutamente ilógico en el marco del concepto genérico de Administración Gubernamental. Cuando uno directamente elimina la Lotería, se da cuenta que el gasto es exactamente el mismo en la administración Obeid que en la administración Binner.
Veámoslo, en Administración Gubernamental, en el año 2007 es de 18,16, en el año 2008 es de 18,79, o sea centésimos. En la Dirección Superior Ejecutiva, donde está la Lotería, en el año 2007 es de 3,81 y en el año 2008 es de 3,98; y Relaciones Interiores, en el año 2007 es de 8,56, y en el año 2008 es de 8,82. Y quiero decir lo siguiente: ¿sabe qué es Relaciones Interiores? La transferencia a Municipios y Comunas.
Entonces, cuando yo aumento el rubro global, Administración Gubernamental, en función de incorporar la Lotería, se me achica el porcentaje que yo transfiero a Municipios y Comunas. Entonces, la señora diputada Frana explicaba –y se cansó de explicar– cómo con el 90% Obeid tenía más porcentaje de transferencia que el ciento por ciento de Binner. Es por esto, habiendo aplicado en el rubro Administración Gubernamental el incluido de la Lotería.
Todo esto forma parte de lo que uno, sistemáticamente, trata de explicar que, con variantes y con filosofías distintas, los gastos y los recursos no tienen grandes variables en cuanto al gasto rígido. Es decir, la diferencia y ahí sí, evidentemente, hay diferencias, está siempre vinculada a la filosofía.
También se nos hace referencia a lo que se dejó en materia de recursos en caja. Volvemos a decir, sintéticamente, que de los 1.600 millones, 450 millones eran de libre disponibilidad; de esos se pagó 300 millones de pesos en aguinaldo, y lo demás eran los gastos que integraban los distintos fondos que tiene el Estado. Pero quiero aclararles y para que nadie tenga ninguna duda, el saldo al 31 de octubre de 2009 –no tengo el del 30 de noviembre de 2009– obrante en caja es de 1.233 millones de pesos. O sea que si uno descuenta el aguinaldo, lo que se pagó por las emergencias, se dan cuenta que la plata en caja sigue existiendo, y que esto no quiere decir nada en cuanto a lo que es una Administración.
Lo que se debe tener en cuenta de una Administración son todos los demás parámetros que, evidentemente, uno trata de hacer, ver y conocer para que se conozca exactamente. Se nos dice, se están poniendo nerviosos, bueno no importa...
Se nos dice que acudimos al endeudamiento. Todas las administraciones justicialistas acudieron al endeudamiento.... Todas las administraciones justicialistas acudieron al endeudamiento. En el año 2001, un crédito del Banco Mundial, hay que descontar lo que se está usando de la Autovía, 174 millones fueron destinados al financiamiento del desequilibrio presupuestario del gasto corriente. Durante la administración Obeid, en el año 1999, se tomaron 183 millones del sector financiero nacional con destino a recomposición del Fuco. También se tomó un crédito con el Banco Nación de 80 millones de dólares para capitalizar la EPE que comenzó a desembolsarse en cuatro tramos a partir del 1998 hasta el año 2001 y que, por supuesto, esto coincidió –tal cual lo expresaba en su momento– con la fecha en que la empresa debió afrontar los retiros voluntarios, casi 600 entre 1998 y 2000, pensada, por supuesto, como estrategia para sanear la empresa antes de su proyectada privatización.
En 1996–1998 Obeid emitió bonos Bosafe por 95 millones y se tomaron 163 millones del fondo fiduciario con el fin de sanear el Banco de Santa Fe para entregarlo al sector privado en buenas condiciones. Este último préstamo aún se está amortizando: en el 2008 se pagó 54 millones y en el 2009, 55,2 millones.
Quiere decir lo siguiente: este endeudamiento, expresado en valores constantes, a diciembre de 2008, representa 2.000 millones de pesos. Ese endeudamiento era bueno, este no. Se nos dice que esto estaba presupuestado, nosotros también estamos planteando incluirlo en el presupuesto, casi es una verdad insostenible que una deuda no esté presupuestada, el tema es debatir la razonabilidad o no de la deuda; es decir, esto es lo que quiero discutir, aquella era buena, era entendible y era comprensible; esta, que es una deuda absolutamente vinculada a un funcionamiento donde se ha jerarquizado la educación, la salud, la seguridad y la justicia, ¿esta no es entendible? ¿Aquélla era entendible?
Otra de las formas de equilibrar las cuentas públicas fue vinculada a los municipios y comunas. En 2006–2007 el incremento de interés anual para la Provincia fue del 40% y para municipios el 40,15%. En el 2007-2008, con esta variante que yo estoy diciendo, el incremento de interés anual fue del 38% pero el incremento del municipio fue del 31% o sea que, evidentemente, ha habido una bajante de la relación de transferencia de los municipios en los otros períodos en relación con los ingresos totales.
Es tan grande la detracción que se les hizo a los municipios y comunas que este Gobierno ha recibido de municipios y comunas justicialistas reclamos administrativos sobre las detracciones ilegales del Gobierno provincial –usan ese término– y podemos mencionar a Rafaela, Las Parejas, Venado Tuerto, Correa, Cañada de Gómez y ¿quiere que le diga algo? No hay un sólo reclamo por detracciones ilegítimas, después del 10 de diciembre del año 2007. Cien reclamos que obran en esta Administración, efectuados por los intendentes de los cuales menciono algunos porque son bastante simbólicos. Es decir, yo quiero que debatamos, porque además forma parte del dictamen de la minoría, que plantea incorporar dos puntos más a la coparticipación de municipios y comunas del 13,4%.
Primero: esta Administración ha coparticipado el 100% de Ingresos Brutos. Segundo: esta Administración se ha hecho cargo del financiamiento educativo que, posiblemente, en el año 2010 sea cercana a los 200 millones de pesos. Tercero: esta Administración le ha quitado la carga a los municipios de pagar comisiones al agente financiero, que es del orden de los 6 millones. Esta administración hoy va a llevar al 50% la distribución del Fondo Sojero. Esta Administración ha visto aumentado considerablemente a partir de que ha asumido el Fondo de Obras Menores.
Cuando uno hace el cálculo de todos esos rubros, incluidas las modificaciones que hoy vamos a tener, o que deberíamos tener en materia impositiva, le hago la siguiente pregunta: ¿no se está acercando al 20%, que es lo que se entiende como óptimo de distribución a municipios y comunas y que, a manera de relación, obra en la Constitución de Córdoba, como elemento a distribuir de recurso coparticipable y no coparticipable, para municipios y comunas?
No nos cabe ninguna duda que esta Administración está absolutamente convencida que ha hecho todos estos esfuerzos para colaborar y que los municipios y comunas no tengan detracciones sino que tengan ingresos genuinos.
Ahora, cuando uno se pregunta si esto es real, concreto, que en números lo ha expresado el diputado Fascendini y en forma absolutamente taxativa, insisto, uno se pregunta, ¿cuál es la razón de por qué si se entiende esto para municipios y comunas no se puede entender para la Provincia?
Hay un solo elemento, es que la Provincia no tiene que estar financiada, ese es el elemento. Que lo que se avanzó en materia de educación, de salud, de lo que se ha incorporado en materia de equipamiento en las fuerzas de seguridad o en lo que evidentemente hace falta para que la justicia pueda funcionar en esta Provincia –porque no es poco implementar un nuevo Código de Procedimiento Penal–, en fin, que no puedan mantener la continuidad que se está pensando que debe tener, y en esto no hay secreto, no hay posibilidad de tener una continuidad en estos temas, si no se tienen los recursos suficientes.
Por más que se quiera dar vueltas hay que reconocer: 35,37% aportado a educación, es inédito. El otro día estuve presente cuando vino el señor Ministro de Educación de la Nación a felicitar a Santa Fe por haber cumplido las metas de financiamiento en educación y porque es una de las provincias que son modelo en la defensa de la educación pública. Tal vez, en un país en donde avanza la educación privada, donde se tiene otro concepto de las cosas, donde la caja todavía sigue primando o anda sobrevolando el fantasma de muchos ideólogos de la década del ’90, un porcentaje del 35,37% en educación no es un número más. Tampoco es un número más aumentar el rubro de salud pública, aumentar el tema de seguridad o aumentar el tema de justicia.
Por eso, señor presidente, nosotros queremos ser muy claros. Hemos presentado un presupuesto responsable. Venimos de una crisis o estamos todavía en los coletazos de una crisis muy grande. Una crisis, que no solamente fue grave por sus consecuencias, sino que muchos de los temas que hoy estamos debatiendo, los planteamos a mediados del año 2008. Les dijimos que esta estructura del gasto que tiene la Provincia se va haciendo cada día más difícil de sostener, porque se va ampliando la brecha entre los ingresos y los egresos, con un considerable aumento de los egresos. Este es un problema estructural. Lo planteamos en pleno auge de la economía del país cuando se crecía a tasas asiáticas. Se planteó en esos momentos la necesidad de recomponer los recursos propios de la Provincia para que hubiera autonomía fiscal. Y se nos contestó rechazando, sepultando, casi con una agresividad parlamentaria sin precedentes, la reforma tributaria.
Se tomó la bandera de que en ese momento había muchos ingresos. Y se decía, exactamente, lo contrario a lo que se dice ahora. Antes había muchos ingresos, ahora hay muchos gastos. O sea, se trabaja siempre acomodando el discurso para no aceptar cuáles son las reglas de juego de la economía o cuáles son, evidentemente, las necesidades que tiene una población, como es Santa Fe, de dar respuestas a muchas inequidades que son tremendamente grandes y que es necesario plantearlas para empezar a modificar el concepto que se debe tener sobre lo que es una Administración Pública.
Podemos discutir todo lo que quiera, pueden de nuevo sepultar el presupuesto, pero cuando ustedes entiendan que el 35,37% de la educación necesita recursos, el que no lo tiene, retrocede, porque en la vida social, en la vida política y en la vida económica no hay nada que se detiene, o se va para adelante o se va para atrás. Nosotros, hoy, pese a las autocríticas que escucho a veces como si fueran grandes estadistas hablando sobre la economía de los ’90, pese a esa realidad, hoy tenemos toda una generación que no ha visto a su padre trabajar, tenemos toda una generación que no va a tener trabajo en su vida, tenemos toda una juventud sin ninguna perspectiva, que es arriba del 30%, y esos no son números, señor presidente. Esas son realidades.
Entonces, podemos discutir y debatir, creer que somos más o menos opositores, porque negamos o no algún recurso a la Provincia. En esto, hay detrás de cada uno de nosotros, una sociedad que avanza o retrocede. Nosotros hemos tomado esta idea y ojala el día que no estemos alguien la continúe para seguir invirtiendo en educación. No tenemos ninguna duda que es una gran inversión para dar calidad de vida y para no retroceder. Y no tenemos ninguna duda que invertir en salud pública es una gran decisión. Me dirán que es exagerado 70 centros de salud, 8 grandes hospitales. Sí, es exagerado para el que tiene posibilidades de tener una obra social, para el que no la tiene no es exagerado. Porque aparte, nuestra Constitución Provincial plantea que la salud pública es un derecho a cargo de la Provincia y necesitamos dar el debate. Hay necesidades.
Yo siempre pongo el ejemplo de los hospitales sin colchones, lo he visto en Coronda, en el Samco de Coronda, no tenía colchones, camas sin colchones. Entonces, ¿vamos a seguir discutiendo que la Provincia no tiene necesidades?; vamos a seguir con la filosofía neo liberal de “tener economías austeras”, sí tener economías austeras en un país equilibrado y todos con los mismos derechos. Porque es fácil hablar de la austeridad y después ir a una cuna con posibilidades y decirles que hagan austeridad los que más la necesitan.
Yo reivindico esto, nosotros asumimos, aún a costa de todos los costos políticos, que nuestra industria aporte con sus impuestos en Ingresos Brutos para una Provincia solidaria, no tenemos ningún problema en hacerlo. Alguien me va a decir que el 0,5% es inflacionario. Están buscando, a ver en qué mueven y en qué encuentran la diferencia para decir que es inflacionario.
Pero, ese 0,5% va a posibilitar que las empresas radicadas fuera de la Provincia puedan pagar Ingresos Brutos en Santa Fe que no pagan, mientras por el mismo producto que venden acá pagan afuera de Santa Fe; eso podría posibilitar, por lo menos, 800 millones de pesos para que vayamos a continuar centralmente la obra pública. Porque la obra pública que se está planteando en el presupuesto tiene dos sentidos; primero la obra que se está haciendo y en segundo tema es la obra que está licitada. ¿Sabe qué es el 80% de esa obra? ¿Saben lo que es? Es salud y escuelas.
Y claramente se plantea la obra pública para esto. Pues, hay que decir que no, también hay que decirles que no a los municipios. O ustedes se creen que un presupuesto va decir “señores nosotros disponemos de 600 millones a los municipios y que la Provincia no tenga un solo peso y, encima, aporte”.
¡¿Cuál es la idea que se tiene responsablemente como oposición de lo que se debe hacer como Provincia?!
¡¿Hay austeridad?! ¡Bueno, hagamos austeridad para todo! ¡Vayan a explicárselo a los municipios que no pueden pagar el aguinaldo o que hace dos meses que no pagan los salarios!
¡¿La austeridad para qué?! ¡Para lo que les conviene! ¡Para lo que no les conviene, no!
Es decir, es una política económica selectiva. ¡Escucho con una solvencia que parecen hablando en Harvard, decir una cosa y otra al mismo tiempo!
Entonces, exhorto a muchos legisladores justicialistas que saben que el año que viene va a hacer falta debatir una política salarial, en un tiempo excesivamente conflictivo, porque va a ser conflictivo, porque hoy la situación nacional no es de los tiempos de las tasas asiáticas y la situación es complicada.
¿Sabe lo que le dijeron al Gobierno provincial en el Ministerio de Economía de la Nación? “¿Saben lo que tienen que hacer ustedes? Aumentar los impuestos” Ese es el mensaje y el consejo que le dio el Gobierno Nacional al Gobierno de Binner.
Entonces, nosotros estamos haciendo lo que nos impone la realidad, lo que está haciendo Córdoba, Buenos Aires o Entre Ríos, y algunos lo hicieron dos veces. Entonces, creemos que en esta etapa hemos avanzado, yo no veo todo negativo.
En esta etapa queremos dos cosas. Primero hemos avanzado porque hoy ya sabemos que Ingresos Brutos no es ilegal, sino que es un posicionamiento político; en segundo lugar, queremos plantear lo siguiente: discutir el tema integralmente, que esto no es menor.
Por supuesto que hay alguno –y siempre lo hay– que plantea “que se caiga Binner”, “que se venga abajo todo, total a nosotros no nos importa”. Seguro que lo hay y siempre lo va a haber. Pero la reflexión de mucha gente no es esa, ni acá adentro ni afuera, porque yo encuentro muchas veces afuera –pese a que nadie te felicita por los aumentos de los impuestos– mayor reflexión, porque la gente tiene sentido común, porque cuando la gente ve que se invierte en cosas fundamentales y no se tira la plata, evidentemente, les guste o no, te acompañan.
Nosotros hemos tenido muchísimas modificaciones salariales y muchísimas modificaciones tributarias a lo largo de nuestra vida política y estamos acá y seguimos funcionando y caminamos por la calle y tenemos respeto por la ciudadanía y podemos dar una explicación, no decir una cosa un día y otro día cambiarla, porque en última instancia, tal cual lo he hecho, lo he sostenido en muchísimos escritos, y tomo la palabra de Natalio Botana: “sin impuestos no hay democracia”.
