En momentos en que se empieza a tratar en la Legislatura el proyecto de presupuesto 2010 y de armonización tributaria, la diputada Silvina Frana insiste en el uso de este espacio (La Capital, 20/11/2009) para discutir acerca de la situación fiscal que atraviesa hoy la provincia de Santa Fe y el origen de la misma. Una vez más, lo hace sin autocrítica y vuelve a caer en un análisis autocomplaciente, que simplifica los resultados fiscales del último gobierno de Jorge Obeid y transfiere a la administración de Hermes Binner la responsabilidad de decisiones tomadas entonces. Así es como logra hacer una lectura en la que destaca una aparente solvencia macroeconómica de la gestión pasada, tomando datos parciales, menores o superfluos.
De nuestra parte, ratificamos lo expuesto en el artículo titulado “Los números que omite el PJ” (La Capital, 29/10/2009), en cuanto a que: a) Los 1.600 millones de pesos obrantes en caja al 10/12/2007 no eran “más que un dato del momento que nada dice”. Reiteramos que, pese a la crisis, la cifra en “caja” de la actual gestión al 31/10/2009 es de algo más de 1.200 millones de pesos. O sea, esos fondos permanecen en caja. b) Hablar de “caja” sin mencionar los compromisos sobrevinientes originados por la última gestión de Obeid es una verdad a medias. Lo cierto es que la actual administración tuvo y tiene que hacer frente a una situación heredada con un enorme costo fiscal que, como dijimos, supera los 5.000 millones de pesos. c) Heredamos una estructura de gastos excesivamente rígida (93% de los mismos se destinan a salarios, coparticipación municipios y comunas y gastos imprescindibles en materia de educación, seguridad y salud), que resulta imposible de modificar en el corto plazo. d) Los gobiernos justicialistas disimularon los déficits merced a la rebaja de haberes y jubilaciones al personal, a la privatización de empresas públicas estratégicas y al metódico desfinanciamiento de los gobiernos locales.
Pérdida de autonomía fiscal
Aunque Frana no lo mencione, la estructura del Estado provincial gestada en las últimas dos décadas derivó en una marcada pérdida de autonomía fiscal (en 2000 los recursos propios representaban 41,47% del total y los de origen nacional, un 58,53%; en 2008, esa relación pasó a ser de 33,96% y 66,04%, respectivamente).
A la vez, la estructura de los ingresos públicos acentuó su carácter regresivo (es decir, aumentó la participación de los impuestos procíclicos: en 2008, el 67,53% de los recursos fueron aportados por el impuesto sobre los Ingresos Brutos, mientras que el impuesto Inmobiliario aportó sólo 8,22%; en 2000 la relación entre ambos impuestos era de 44,17% y 21,82% respectivamente). Con esta estructura impositiva las crisis provocan un duro impacto en los ingresos fiscales, tal como sucedió con el conflicto agropecuario, la sequía, y la debacle financiera internacional y su incidencia en la economía nacional.
Endeudamiento a la carta
En 2001, se contrajo un crédito con el Banco Mundial por 330 millones de dólares, de los que 126 millones fueron aplicados a la construcción de la autovía de la Ruta Nº 19. Pero el resto fue destinado al financiamiento de desequilibrios presupuestarios y gasto corriente. Este préstamo aún se está amortizando (en 2008 se pagaron 47,7 millones de pesos y en 2009, otros 57,4 millones de pesos).
Además, se contrajeron otros préstamos, en su mayoría también para financiar gasto corriente. En 1999 (gestión Obeid) se tomaron 183 millones de pesos del sector financiero nacional con destino a la recomposición del Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales). También se tomó un crédito con el Banco Nación por 80 millones de dólares para “capitalizar” a la EPE, que comenzó a desembolsarse en cuatro tramos: 11 millones en 1998, 16 millones en 1999, 28 millones en 2000 y 25 millones en 2001. Casualmente, el crédito coincide con la fecha en que la empresa debió afrontar los retiros voluntarios (casi 600, entre 1998 y 2000), pensados como estrategia previa para “sanearla” antes de su proyectada privatización.
En 1996-1998 (gestión Obeid), se emitieron los bonos Bosafe por 95 millones de pesos y se tomaron 163,7 millones de pesos del Fondo Fiduciario con el fin de sanear el Banco de Santa Fe para “entregarlo” al sector privado en buenas condiciones. Este último préstamo aún se está amortizando (en 2008 se pagaron 54 millones de pesos y en 2009, otros 55,2 millones de pesos). Este endeudamiento, expresado en valores constantes a diciembre de 2008 representa unos 2.000 millones de pesos.
Al respecto, caben dos aclaraciones. Primero, considerar que el solo hecho de incluir en el presupuesto las amortizaciones de un préstamo legitiman haberlo tomado en su momento es un error grave. Lo que se pretende no es discutir si esas amortizaciones estaban previstas en el presupuesto o no, sino la razonabilidad y racionalidad de haber contraído esos préstamos en su momento. Segundo, comparar el endeudamiento contraído para sanear el Banco de Santa Fe y “entregarlo” al sector privado en buenas condiciones, con los aportes que realiza la Municipalidad de Rosario para capitalizar al Banco Municipal de Rosario no resiste el menor análisis. Por un lado, el Banco Municipal no es deficitario. Y por otro, se lo capitaliza para reforzar su posición como banca pública y no para privatizarlo.
Ahorrar en base a descuentos
La administración Binner tomo la decisión de corregir el retraso salarial existente y afrontar el pago en blanco a los empleados públicos a los que durante años se pagó en negro. Entre octubre de 2007 y octubre 2009 la masa salarial (sin asignaciones familiares) se incrementó 66,5%. De ese incremento, 64% fue destinado al incremento de los salarios brutos (59,2% para incrementos de salarios de bolsillo, y 4,8% para “blanqueo”), contemplando el restante 2,5% para incorporaciones en la planta de personal, ascensos, etc.
Frana afirma que “es un error grave afirmar que durante la actual gestión se recompusieron los salarios y jubilaciones, toda vez que en el año 2004, vencido el término de la Ley de Emergencia, hubo que remontar remuneraciones que habían estado congeladas durante 10 años”. Es cierto que las remuneraciones en términos reales se fueron remontando de a poco a partir de 2004 después de haber sido reducidas más de un 40% en los años 2002 y 2003 por la vía inflacionaria. Pero la cuestión radica precisamente en el “de a poco”, ya que dicha actualización gradual, disociada de la evolución de los ingresos reales, fue el factor determinante de los excedentes financieros acumulados en el periodo 2004-2006.
En otras palabras, la actualización salarial tardía y desligada de la recuperación de los recursos permitió a la Provincia acumular los excedentes (de los que ahora el justicialismo se jacta como “buena administración”) a costa de los salarios de los trabajadores públicos. Asimismo, unas de las formas de “equilibrar las cuentas públicas” que se utilizaron durante los gobiernos justicialistas fue la de practicar descuentos a activos y pasivos, como bien recuerda la contadora Frana. A través de las leyes 11.373 (1996) y 11.696 (1999) se redujeron haberes previsionales y se aumentaron los aportes de activos.
El valor de las detracciones al bolsillo de los activos y pasivos a valores de diciembre de 2008 fueron: ley 11373, 156 millones de pesos; ley 11696, 534,5 millones.
A costa de los municipios y comunas
Otras de las formas de “equilibrar las cuentas públicas” de los gobiernos justicialistas fueron las sistemáticas detracciones de fondos a municipios y comunas (MMyCC). La actual gestión ha dado claras señales de que la situación financiera de los MMyCC de la provincia es una prioridad indeclinable. Después de 14 años, se cumple con la coparticipación a MMyCC de acuerdo a los coeficientes que marca la ley (13,4372%), sin detracciones injustificadas y con el reparto del Fondo de Financiamiento Educativo.
Así, mientras el incremento interanual de ingresos para la Provincia en 2006/2007 fue del 40,68% y el correspondiente a MMyCC fue del 40,15%; en 2007/2008 esos porcentajes fueron del 31,10% y el 38,81%, respectivamente. Además, debe añadirse la transferencia en carácter de adelanto extraordinario a MMyCC realizada en diciembre de 2008, por un total de 34 millones de pesos.
Ese resarcimiento, que significó coparticipación “adicional” para los MMyCC, representó para la actual gestión un incremento del gasto corriente (así se contabilizan las transferencias a los gobiernos locales) en los montos siguientes: 63 millones de pesos en 2008; 56 millones hasta julio de 2009 (100 millones proyectados para todo el año).
Además, por eliminación de comisiones al agente financiero, el conjunto de los MMyCC se ahorran por año 6 millones de pesos.
Otro dato a mencionar es el incremento del Fondo de Obras Menores, que pasó de ser en 40 millones de pesos en 2007 a 68 millones en 2008 y 92 millones en 2009. También, a partir de este año, se coparticipa el 30% del Fondo Sojero.
Gobiernos de municipios y comunas justicialistas presentaron reclamos administrativos, entre los cuales se destacan Rafaela, Las Parejas, Venado Tuerto, Correa, Cañada de
Gómez, en relación a las detracciones ilegales efectuadas por el gobierno provincial antes del 10 de diciembre de 2007
Una aclaración adicional
Cuando la diputada Frana plantea la reducción en un 9% en la participación de municipios y comunas sobre el gasto total de la Administración Gubernamental entre 2007 y 2008, toma como fuente de información la “Clasificación del Gasto por Finalidad”, considerando todas las fuentes de financiamiento. ¿Por qué plantea esos números? Para el análisis toma una serie de datos distorsionados. ¿Cuál sería esa distorsión? A partir de 2008, los datos de ejecución comienzan a incluir el total de los ingresos de la Lotería (por razones de transparencia), y no el resultado (ingresos menos egresos), tal como se lo había hecho hasta 2007. Este cambio en la contabilización, implica la aparición en la ejecución de 2008 de unos 1.000 millones de pesos adicionales respecto a años anteriores que existían pero no se los contabilizaba.
Frana se basa en esta distorsión, surgida de una acción de búsqueda de transparencia, para llegar a conclusiones erróneas. Debido a que los ingresos de Lotería son incluidos dentro del clasificador “Dirección Superior Ejecutiva” que, al igual que “Relaciones
Interiores” (transferencias a MMyCC), forma parte del gasto de la “Administración
Gubernamental”, hace disparar la incidencia del primero y caer la del segundo, de manera tal que desprevenidos digan cosas parecidas a las que dice Frana (por ejemplo que se perjudicó a MMyCC). Falsa controversia, sabiendo que la base de información utilizada por Frana posee un sesgo. Si para eludir ese sesgo excluimos los gastos de Lotería, vemos que la incidencia de las Relaciones Interiores sobre los gastos de la Administración Gubernamental se mantiene en torno al 48% en ambos años, que la Dirección Superior Ejecutiva mantiene su incidencia sobre el Gasto Total en torno al 4% (en 2007, 3,81%, y en 2008, 3,98%), y que el gasto de la Administración Gubernamental se mantiene en torno al 18% del gasto total.
Otra vez el mito del gasto político
El gasto en personal político (autoridades superiores y personal de gabinete) y los gastos de funcionamiento de las unidades de conducción ministeriales (manutención, hoteles, alquileres, viáticos de funcionarios y choferes de funcionarios, combustible vehículos de funcionarios) del Poder Ejecutivo pasó de tener una incidencia en el gasto total del 0,46% en 2007 al 0,55% en 2009.
Comparativamente, el gasto en personal político del Poder Legislativo (es decir, sin considerar gastos de funcionamiento) pasó de tener una incidencia del 0,26% al 0,30% en el mismo período, lo que permite verificar la similitud en el incremento del “gasto político” entre ambos poderes.
Además los valores de dichos gastos no son representativos en relación al tamaño del presupuesto, es decir, jamás podrían influir de manera crucial sobre el déficit.
2007 y un déficit escondido en los balances
La existencia o inexistencia de déficit en el ejercicio 2007 depende si se toma el resultado que arroja la Cuenta de Inversión o si se analiza la fuente Tesoro Provincial
(Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de Rentas Generales). La lectura de los funcionarios de Obeid permite afirmar un resultado positivo de 50 millones de pesos en el ejercicio 2007, pero ello se logra debido a que los 210 millones gastados en la emergencia hídrica a través del FEFIP (provenientes de Rentas Generales) fueron contabilizados “por afuera” del ejercicio.
Independientemente de la discusión técnica de cómo contabilizar ese gasto, queda claro que si consideramos el saldo acumulado de Rentas Generales al cierre de 2006 (640 millones de pesos) y lo enfrentamos al del cierre de 2007 (480 millones), no quedan dudas que el resultado financiero (al que podríamos denominar “genuino”) de 2007 fue deficitario en 160 millones de pesos.
Armonización tributaria
Los puntos analizados permiten verificar que la situación fiscal de la Provincia ya hacía prever en 2007 serias restricciones para los ejercicios futuros y que la brecha entre mayores gastos y los recursos provinciales se ampliaba, algo que se notó con mayor claridad en 2008. Esta diferencia sufrió, además, el impacto de la disminución en la recaudación -en términos reales-, producto de la desaceleración de la economía.
Cuando hablamos de armonización tributaria estamos bregando por recuperar parte de autonomía fiscal perdida, jerarquizando la obtención de mayores recursos propios; se trata de generar una equiparación fiscal con Córdoba y Buenos Aires que no consolide una desventaja fiscal para nuestra provincia y de contar con recursos que permitan a los santafesinos dejar de retroceder y empezar a avanzar, especialmente en tiempos de crisis y en áreas de indudable impacto social, como educación, salud pública, seguridad y justicia.
Resulta paradójico que hoy se promuevan propuestas o recetas que no aplicaron en gestiones anteriores. Sin perjuicio de ello, debemos mirar al futuro y trabajar para saldar la enorme deuda social que todavía afecta a muchos santafesinos, a aquellos para los que la acción del Estado resulta insustituible.
(*) Presidente del Bloque de Diputados del Frente Progresista
DIARIO LA CAPITAL
LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 2009
